Otro revés en la justicia para el gobierno de Macri y sus encuestas

La justicia puso freno a la aplicación de una resolución del Gobierno de Macri, que obligaba a sus trabajadores a informar en caracter de declaración jurada si tenían otros empleos. Si no lo hacían, se consideraba una falta grave.

Mas precisamente, fue el juez Fernando Juan Lima, del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Bs. As., quien ordenó que no se aplique la resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue en respuesta a una denuncia de  la Asociación de Tabajadores del Estado (ATE). Según ATE, la medida pretendía usar la información para dejar cesantes cerca de 5000 contratados.

La resolución que generó la polémica fua la Nº 45, firmada por Alejandro Speroni, subsecretario de Gestión de Recursos Humanos. La resolución pretendia saber si los trabajadores de la ciudad tenían “otro empleo en relación de dependencia o autónomo, de carácter remunerado o gratuito, en cualquier dependencia pública o privada, así como el horario de dicha prestación”. También se indicaba que “el falseamiento de la declaración jurada o su falta de presentación en tiempo y forma constituirá falta grave”, por lo que los trabajadores podían ser dejados cesantes en caso de no completarla.

La palabra de la Justicia

El Fernando Juan Lima señaló “ya en una primera lectura llama la atención que una medida como la reseñada sea dispuesta por un funcionario del rango de quien la dictó. Es que, en el artículo 6 de dicha resolución llega incluso a preverse que la falta de presentación de la aludida declaración jurada constituirá ‘falta grave’.

El caso además fue denunciado por ATE ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Es  “un avasallamiento de la intimidad de los trabajadores (artículo 19 de la CN) y, en consecuencia, un acto nulo de nulidad absoluta” afirmaron en el texto de la denuncia.  También se puede leer “no existe razonabilidad de los medios dispuestos por la resolución Nº 45/Subrh/2009 con la supuesta finalidad mencionada (mejora de organización administrativa) tornando dicha medida en arbitraria, inconstitucional y una violación del derecho personalísimo a la intimidad (artículo 28 de la CN)”.