Se promulgó la Ley Federal del Trabajo Social

Se publicó hoy en el Boletín Oficial la ley 27.072, Ley federal de trabajo social que tiene por objeto establecer el marco general para el ejercicio profesional de trabajo social en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la aplicación de las normas locales dictadas por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Como política de Estado, por primera vez los/as trabajadores/as sociales cuentan en Argentina con una ley de orden público de alcance nacional, que establece un marco general para el ejercicio de la profesión y define las incumbencias profesionales de los/as trabajadores/as sociales. Asimismo delimita los derechos y las obligaciones de los/as trabajadores/as sociales para con los ciudadanos, en todo el territorio nacional. De esta manera, genera las condiciones necesarias para la prestación de servicios profesionales con competencia, calidad e idoneidad.

Esta ley establece como principios rectores del Trabajo Social en Argentina a los Derechos Humanos, la justicia social, la ciudadanía y la forma de vida democrática. Fija además un estándar mínimo de calidad para la formación profesional, a fin de superar la disparidad y dispersión que ha existido históricamente en esta profesión. Unifica la denominación de la profesión y establece una definición de Trabajo Social de alcance nacional e internacional.

Se considera ejercicio profesional de trabajo social la realización de tareas, actos, acciones o prácticas derivadas, relacionados o encuadrados en una o varias de las incumbencias profesionales establecidas en esta ley, incluyendo el desempeño de cargos o funciones derivadas de nombramientos judiciales, de oficio o a propuesta de partes, entendiéndose como trabajo social la profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas.

La ley establece que la “obligatoriedad de la formación universitaria de los trabajadores sociales para proteger los intereses de los ciudadanos”.

Las disposiciones de esta ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República Argentina. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.