La que salió más dura fue la Unión Industrial (UIA), que por medio de un comunicado expresó “su preocupación por el impacto que tendrá en el sector productivo la modalidad bajo la que se implementará el otorgamiento de un bono para trabajadores privados”. Agregaron que “actualmente, la industria cuenta con más de 800 convenios colectivos en plena vigencia, acuerdos que son fruto del consenso entre trabajadores y empresarios. (…) Durante 2022, las negociaciones paritarias se han reabierto y han funcionado como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación”.
La metodología dispuesta por el Gobierno, continuó la UIA, “afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, generando distorsiones e imprevisibilidad al funcionamiento de uno de los activos más importantes que trabajadores y empresarios industriales acuñamos durante años: las paritarias”.
En esa línea, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) cuestionó la decisión y aseguró que “las cámaras metalúrgicas firmamos paritarias contemplando las proyecciones de inflación a futuro. Dar dinero sin prestación a cambio es un regalo y nuestras pymes están muy castigadas para regalar en una época donde debemos hacer previsiones de aguinaldo y vacaciones”.
En la otra esquina, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, consideró que el bono “es justo y razonable”. Y aseguró que “va a servir para minimizar el impacto de la inflación en los salarios y recuperar poder adquisitivo”. “Es una ayuda para que los trabajadores puedan hacer más sustentable” su sueldos, consideró.
