La Comisión Nacional de Gestión Judicial realizó esta semana una jornada de capacitación, dirigida a las cámaras federales de apelación radicadas en las provincias, sobre el uso del oficio electrónico para solicitar el envio de expedientes entre tribunales y al Archivo General del Poder Judicial.
Fue este martes, por videoconferencia, y estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Hubo un total de 300 participantes, aproximadamente, entre magistrados, funcionarios y empleados judiciales de todo el país.
Desde julio último, la Corte dispuso la oblitoriedad del oficio electrónico para sus pedidos de expedientes y para los que se envian al Archivo General para todos los fueros de la Capital Federal. Se suprimió el “oficio papel”, lo que permite agilizar los procesos judiciales.
Ahora, la Comisión Nacional de Gestión -que integran jueces de todo el país y que preside Lorenzetti- busca extender su uso a la Justicia federal radicada en las provincias.
Cómo funciona
Funciona así: cada interesado ingresa con su usuario y contraseña a un sistema web de comunicación interna del Poder Judicial. Allí completa una serie de datos en el oficio, que tiene formato digital. Una vez guardados los datos, el sistema envía automáticamente un correo electrónico de aviso a la dependencia a la que fue solicitado el expediente.
El primer fuero de la Capital en utilizarlo fue el de la Seguridad Social. Fue en el año 2009, como prueba piloto.
Luego se incorporaron los demás tribunales y en todos los casos “se demostró su utilidad en función de la reducción de tiempos insumidos para el diligenciamiento de este tipo de solicitudes a la vez que no se verificó repudio alguno vinculado con la validez de las medidas cumplidas mediante este procedimiento”.
La Comisión Nacional de Gestión Judicial es la dependencia encargada de delinear políticas estratégicas y planes operativos que, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y criterios de gestión, impulsan el rediseño de la organización del Poder Judicial.
El paradigma que propone la Comisión se distingue por reconocer a la gestión judicial como una herramienta de apoyo a la labor de los jueces, así como también la búsqueda de una mejora continua en el trabajo que cotidianamente cumplen magistrados, funcionarios, empleados, auxiliares y abogados.
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