No hay regulación ni normas para las garantías extendidas de electrodomésticos
La iniciativa busca que la garantía extendida sea informada de manera clara y completa a los consumidores. Los legisladores Daniel Filmus y Rubén Giustiniani señalaron que “las garantías extendidas, que generalmente se ofrecen en el mercado comercializador, se basan en un contrato de seguro entre partes, que prácticamente carece de regulación y normativa al respecto”, lo que ha motivado diversas quejas.
Filmus y Giustiniani acreditaron que “el precio del seguro que se contrata equivale, según las indagaciones que hemos realizado, a un porcentaje que oscila entre un 20% a un 40% del valor del producto”. Pero este precio se hace mayor si se tiene en cuenta que se abona por adelantado, en el momento de la adquisición del bien, mientras que la póliza comienza a regir al día siguiente de la extinción de la garantía del fabricante, es decir, uno o dos años después.
Esta propuesta se incluyó dentro de un proyecto de ley que incluye otros cambios en la ley, a partir de diversas propuestas de Marcelo Guinle, María José Bongiorno, Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo, además de Filmus y Giustiniani. “Estos cambios son el producto de varios proyectos que fueron enriquecidos en los debates de los que participaron muchos legisladores. Con estas iniciativas buscamos cubrir las lagunas que quedaron tras la modificación integral de la Ley de Defensa del Consumidor”, explicó a Tiempo Argentino Hugo Bauche, secretario de la Comisión de Derechos y Garantías y asesor del senador Luis Naidenoff, titular de esa comisión.
El proyecto incluye la creación de un telegrama gratuito con el que los usuarios puedan dar de baja un servicio que hubieran contratado con anterioridad.
Servicio técnico
Otra modificación obliga a los proveedores a asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos durante la vigencia de la garantía, y por el tiempo en que los productos sigan fabricándose, distribuyéndose o comercializándose.
Transporte
Asimismo, se propone incluir al transporte aéreo dentro de la Ley de Defensa del Consumidor (estaba excluido) y penalizar las faltas que cometan las aerolíneas respecto de sus pasajeros (sobreventa de pasajes o cancelaciones).
Deja una respuesta